“Cristina libre”: Una causa que cruza fronteras
Con actos en México, Brasil y Bolivia, la campaña internacional por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner se consolida como bandera común entre fuerzas progresistas del continente. Se denuncia la persecución judicial como parte de una estrategia regional del poder económico y mediático.
Por Punto G redacción.
A casi dos meses de su detención en el marco de la causa Vialidad, y en medio de un clima político enrarecido, la campaña internacional Cristina Libre suma nuevos capítulos fuera del país. En los próximos días, referentes de la política argentina participarán de encuentros en México, Brasil y Bolivia donde se lanzarán comités por su liberación, al tiempo que se intensifica la denuncia del lawfare en los foros internacionales.
El objetivo, según expresaron desde la organización, es doble: visibilizar lo que definen como “una persecución política disfrazada de causa judicial” y construir una agenda común entre las fuerzas populares y progresistas de América Latina. “Lo que está en juego es el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus representantes”, sostienen.
Una gira política y judicial
La primera parada será en Ciudad de México, donde entre el 31 de julio y el 3 de agosto se celebrará el Congreso Panamericano Anual de Legisladores, organizado por la Internacional Progresista. Una delegación argentina compuesta por Leila Chaer, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard, Itai Hagman y Lucía Corpacci llevará la denuncia del lawfare a un ámbito parlamentario continental.
El 4 de agosto, también en México, se realizará el acto de lanzamiento del Comité Cristina Libre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Participarán los legisladores argentinos, junto a Oscar Parrilli, Soledad Magno, representantes del partido Morena y residentes argentinos en el país. El mismo día, en otro punto del continente, se llevará a cabo el mismo gesto en Bolivia, en el marco del encuentro RUNASUR convocado por Evo Morales, con sede en Cochabamba.
Mientras tanto, en Brasilia, del 1 al 3 de agosto se celebrará el Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde también se formalizará el Comité por la liberación de CFK. La presencia del ex canciller Jorge Taiana y del parlamentario del Mercosur Franco Metaza completa el respaldo político regional a la iniciativa.
Por último, el 4 y 5 de agosto en México, la Fundación Friedrich-Ebert convocará al Foro de Partidos Políticos Progresistas, donde Julia Strada, Parrilli y Magno volverán a poner la cuestión argentina en el centro del debate democrático continental.
Lawfare con nombre y apellido
La campaña Cristina Libre también dio a conocer documentos y materiales audiovisuales que detallan lo que definen como una operación judicial orquestada desde el poder económico, político y mediático. En uno de los spots se enumeran los vínculos personales y políticos entre los jueces de la causa Vialidad y el expresidente Mauricio Macri.
“El fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, quienes impulsaron y juzgaron la causa, compartieron decenas de partidos de fútbol con Macri en su quinta Los Abrojos. El juez de Casación Borinsky es también parte del mismo círculo íntimo. Y en la Corte Suprema, Rosatti y Rosenkrantz fueron designados a dedo por el propio Macri, mientras que Lorenzetti, favorito del actual presidente Javier Milei, completa el esquema”, detalla el video.
La pieza, que circula en redes sociales y fue enviada a organizaciones internacionales, resume la acusación en una frase: “La condena a Cristina fue un plan sin pruebas y sin delito. Los verdugos fueron Macri y Magnetto. La justicia fue apenas un decorado”.
Una denuncia que interpela al continente
El documento central de la campaña —titulado “La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y su proscripción”— ya fue remitido a líderes políticos y organizaciones de derechos humanos en toda América Latina. Allí se afirma que la proscripción de CFK es “el resultado de una estrategia planificada para destruir el Estado de Derecho en la Argentina”.
El texto apunta de lleno a la Corte Suprema, a la que acusa de ratificar una condena basada en pruebas inexistentes y de avalar la violación de principios básicos del debido proceso. “La causa Vialidad fue una farsa judicial que quebró el pacto democrático de 1983 y negó al pueblo el derecho a decidir libremente”, señala.
Para los organizadores, lo que está en juego excede el nombre de Cristina Fernández de Kirchner: es la continuidad del uso del sistema judicial como herramienta de disciplinamiento político. Una estrategia que —como en los casos de Lula en Brasil, Correa en Ecuador o Evo en Bolivia— pretende resolver por vía judicial lo que no puede resolverse en las urnas.
Una consigna que se multiplica
La consigna Cristina Libre ya dejó de ser un reclamo exclusivamente argentino. En los foros y congresos de agosto, en las universidades y en los documentos que circulan en redes y despachos internacionales, la causa suma apoyos y activa solidaridades que se enraízan en una historia común: golpes blandos, persecuciones, blindajes mediáticos y proscripciones legales.
Mientras tanto, en la Argentina, el silencio oficial y la ofensiva judicial siguen su curso. Pero fuera del país, una parte del mapa político regional comienza a trazar otra narrativa: la que conecta la defensa de CFK con la defensa misma de la democracia.
