Pedido de Juicio político para la Corte Suprema

Proyecto del PEN enviado a Diputados

La oposición busca obstaculizar el proyecto. El oficialismo aspira a que en el debate que se dé en la comisión se pueda evidenciar, ante la opinión pública, los manejos de la Corte.

Por Alejandro Dome

En la comisión de Juicio Político de la cámara de diputados se debatirán los expedientes de denuncias presentados contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por Alberto Fernández. La diputada entrerriana Carolina Gaillard del Frente de Todos preside dicha comisión que tiene 31 integrantes. Juntos por el Cambio cuenta con 14 representantes, y el interbloque Federal cuenta con uno, Alejandro Rodríguez.

La iniciativa de 84 páginas presentada en la cámara baja toma como base el documento que hizo público el presidente y que llevaba la firma de doce Gobernadores y  Gobernadoras: Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires, Raul Jalil por Catamarca, Jorge Capitanich por Chaco, Mariano Arcioni por Chubut, Gildo Insfrán por Formosa, Sergio Ziliotto por La Pampa, Ricardo Quintela por La Rioja, Alicia Kirchner por Santa Cruz, Gerardo Zamora por Santiago del Estero, Gustavo Melella por Tierra del Fuego, Osvaldo Jaldo por Tucumán y Sergio Uñac por San Juan.

La acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda es por mal desempeño en base al artículo 53 de la Constitución Nacional. Entre los principales argumentos, se hace hincapié, en los últimos fallos de la corte que son descritos como “una situación  anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide,  arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y  excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los  pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano”.

Refiere fundamentalmente a fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En el caso de la primera sentencia, según el informe, un “grave ataque” al federalismo ya que afecta de manera directa a las provincias y genera “desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires.” La ciudad cuenta con un presupuesto comparable con el de las principales ciudades europeas y se hace notorio a simple vista. Los privilegios son indignantes para el resto de los argentinos que ven cómo los porteños viajan en colectivo por un tercio de lo que se suelen pagar en el interior, o pagan muy poco por la luz, el agua o el gas, todo gracias a subsidios nacionales, mientras la Corte Suprema frena un reparto más equitativo de los recursos.

Por el otro lado, Rosatti asume la presidencia del la Corte Suprema de manera irregular, con autovoto incluido, para luego  tomar por “asalto el Consejo de la  Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo  judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso  de la Nación.” Una vez a la cabeza del organismo, con el que se controla a sí mismo, manipuló la integración del Consejo. Aquí es donde se relaciona otro de los puntos muy mencionados en el documento presentado en el congreso: Los chats filtrados.

El destape de distintos chats de telegram del teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro develaron una serie de vínculos espurios entre el macrismo, el poder judicial y sectores empresarios. La reunión secreta en Lago Escondido y las maniobras para esconderla que se describen en las conversaciones ya derivaron en una causa judicial. Al mismo tiempo, se puede ver la relación de amistad entre D’Alessandro y Robles que es director general de la vocalía de Horacio Rosatti.  Robles le dio argumentos para la disputa que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos por la integración del Consejo de la Magistratura.

El debate será extenso ya que estará nutrido por alrededor de 40 testigos para los que se liberaran 13 oficios a diferentes dependencias. Los encuentros se realizarán dos veces por semana por lo que se espera que el tema ocupe los titulares mediáticos durante los próximos meses. 

De alguna manera, aquí radica gran parte de la estrategia oficialista, ya que, al tener muy pocas posibilidades de llevar a la Corte Suprema finalmente a un juicio político, al menos podrá poner en discusión sus manejos discrecionales. Al iniciar su mandato Alberto Fernandez hizo referencia a los sótanos de la democracia haciendo alusión a la justicia y a los servicios de inteligencia, poco ha podido avanzar en ese sentido hasta el momento. Ahora, como otras veces antes, se le presenta la oportunidad de tomar el toro por las astas. 

Un episodio se presenta como espejo, y es el conflicto por la 125. en aquel momento, el kirchnerismo se enfrentó a un sector poderoso que se negaba a ceder y al enfrentarlo, pese a haber sido derrotado, el caudal político que núcleo la posición doctrinaria tomada, le permitió avanzar en nuevos consensos que terminaron redundando en éxitos electorales. ¿Puede acaso una confrontación con un poder cuasi monárquico como es el judicial, con infinidad de privilegios convertirse en una herramienta exitosa de capitalización política para el FdeT pese a que la disputa por el juicio político en sí termine en una derrota?