Buenos Aires reclama ante la Corte Suprema los Fondos Coparticipables
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) su reclamo por la falta de transferencia de los fondos coparticipables por parte del Gobierno nacional. La disputa, que ha escalado en tensión, surge de un prolongado desacuerdo sobre la distribución de recursos que afecta significativamente las finanzas de la capital.
Contexto del Conflicto
Desde la asunción de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño y Javier Milei como presidente de la Nación, se han llevado a cabo varias reuniones para intentar resolver el conflicto, pero hasta ahora no se ha alcanzado una solución concreta. Según el GCBA, en mayo se recaudaron 20 mil millones de pesos menos debido a que el Gobierno nacional no ha enviado las partidas correspondientes a la coparticipación.
En un reciente evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Jorge Macri expresó su preocupación: “Reafirmo mi compromiso con todos los porteños. Seguimos esperando del Gobierno nacional los fondos de coparticipación fijados por el fallo de la Corte. Ya es tiempo de que se cumpla. Son recursos que necesitamos y que nos corresponden constitucionalmente”.
El conflicto se originó en una disputa durante el mandato del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien presentó un amparo en respuesta a los recortes de coparticipación implementados por el expresidente Alberto Fernández. Estos recortes redujeron el porcentaje asignado a Buenos Aires del 3,5% al 1,4%.
En diciembre de 2022, la CSJN emitió una medida cautelar ordenando al Gobierno nacional que transfiera el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires de manera diaria a través del Banco Nación. Sin embargo, esta orden judicial no ha sido cumplida, lo que ha llevado al GCBA a recurrir nuevamente a la Corte.
La falta de transferencia de los fondos de coparticipación ha tenido un impacto negativo en las finanzas de la ciudad, limitando la capacidad del gobierno local para financiar proyectos y servicios esenciales. El GCBA sostiene que estos recursos son vitales para mantener el funcionamiento adecuado de la ciudad y cumplir con las necesidades de sus ciudadanos.
La administración de Jorge Macri argumenta que la retención de estos fondos es una violación de los derechos constitucionales de la ciudad y ha enfatizado la importancia de que el Gobierno nacional cumpla con la acción cautelar dictada por la CSJN.
La situación ha provocado reacciones en diversos sectores. Organizaciones civiles y líderes políticos han manifestado su apoyo a la demanda del GCBA, subrayando la necesidad de respetar las decisiones judiciales y asegurar la transparencia en la distribución de recursos.
El presidente Javier Milei, por su parte, ha mantenido reuniones con representantes del GCBA, pero hasta ahora no ha logrado destrabar el conflicto. La falta de avances concretos en las negociaciones ha incrementado la presión sobre ambas administraciones para encontrar una solución.
La intervención de la Corte Suprema será determinante para resolver este conflicto. La decisión del máximo tribunal no solo afectará las finanzas de Buenos Aires, sino que también sentará un precedente sobre cómo se deben manejar las disputas de coparticipación en el futuro.
En un contexto de alta tensión y expectativas, los ciudadanos de Buenos Aires esperan una resolución que garantice la estabilidad financiera de la ciudad y la continuidad de los servicios públicos. La capacidad de las nuevas administraciones para trabajar juntas y cumplir con sus obligaciones será crucial para asegurar el bienestar de los porteños.
La resolución de este conflicto financiero es una prueba de fuego para la relación entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación, y su capacidad para cooperar en beneficio de la población.
