Intensificación del plan de lucha de las Universidades
Luego de la multitudinaria marcha federal universitaria en defensa de la educación pública, los gremios del sector han decidido elevar la presión sobre el Gobierno nacional. Ante la falta de respuestas satisfactorias, todas las federaciones docentes y no docentes del país han convocado a una Jornada de Protesta para el próximo 22 de mayo, seguida de un Paro Nacional Universitario el día 23.
Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU, ha denunciado la falta de compromiso del Gobierno tras la masiva movilización en defensa de la universidad. Además, ha cuestionado el acuerdo unilateral alcanzado con la UBA, que excluye a un gran número de trabajadores del sector en otras universidades del país. Montero ha destacado la necesidad de respuestas concretas, especialmente ante el desafiante contexto económico que atraviesan los trabajadores universitarios.
Por otro lado, los representantes docentes de la UBA han exigido que las autoridades de la universidad se sumen a la medida de fuerza. Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, ha expresado la importancia de no considerar la emergencia universitaria superada mientras los trabajadores continúen enfrentando dificultades económicas y laborales.
Un estudio llevado a cabo por CONADU revela que, para el año 2024, el presupuesto asignado a las universidades es equivalente al ejecutado en 2023. Sin embargo, para mantener el poder adquisitivo del año anterior, el presupuesto debería ser considerablemente mayor. Esta brecha presupuestaria representa un ajuste del 72%, lo que refleja un recorte significativo en los recursos destinados a la educación universitaria.
La intensificación del plan de lucha en el ámbito universitario busca presionar al Gobierno nacional para que atienda las demandas del sector y garantice condiciones dignas de trabajo y estudio en las universidades públicas de todo el país. La movilización y el compromiso de los gremios y las autoridades universitarias son fundamentales para defender la educación pública y asegurar su acceso equitativo para todos los ciudadanos.
