Jornadas sobre políticas públicas y personas en situación de calle
En un evento significativo celebrado ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las «Jornadas de políticas públicas y personas en situación de calle» reunieron a diversos actores del ámbito judicial, organismos públicos, la Universidad, organizaciones sociales y referentes de la iglesia católica. Organizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el encuentro se centró en abordar las complejas problemáticas que enfrentan las personas en situación de calle, destacando la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y la necesidad de una intervención más humana y coordinada.
El evento se llevó a cabo pocos días después de que el Ministerio Público de la Defensa solicitara informes al Gobierno porteño sobre los “operativos de limpieza urbana” y el “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”. Este contexto marcó la pauta de las discusiones, que señalaron el aumento alarmante del número de personas en situación de calle y la estigmatización que sufren.
En el primer panel, titulado «El rol del Estado en la problemática que atraviesan las Personas en Situación de Calle», la Defensora General de CABA, Marcela Millán, subrayó que, aunque existe legislación dedicada a proteger los derechos de estas personas, las prácticas implementadas son inadecuadas. Millán criticó la ausencia del Estado en materia de políticas sociales y la creciente criminalización de las personas en situación de calle bajo cargos como resistencia a la autoridad y daño.
María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo porteña, destacó la necesidad de visibilizar este problema, que se ha agravado recientemente, y abogó por un enfoque integral que contemple la salud mental y la escucha activa. Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, presentó la «Nueva Red de atención», centrada en mejorar la segmentación y el contacto con las personas afectadas, además de abrir nuevos centros de inclusión.
La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, enfatizó que las personas en situación de calle son un reflejo de las fallas de la sociedad y la importancia de buscar nuevas formas de intervención conjunta. Santiago Roberto, Secretario General de Planificación del MPD, celebró la composición diversa de los paneles, que permitió un debate amplio sobre la intervención estatal y social en esta problemática compleja.
El segundo panel, «Crisis Habitacional de CABA. Dispositivos de abordaje. Análisis del nuevo protocolo de salud mental. El rol de las organizaciones de la sociedad civil», contó con la participación de Carlos Pisoni, de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas de Grupos Vulnerables del MPD, quien destacó la importancia de contar con datos estadísticos confiables para coordinar acciones efectivas. Horacio Ávila, de la Asociación Civil «Proyecto 7», subrayó la relevancia de incluir a las personas en situación de calle en estos debates y proporcionó datos alarmantes: la población en situación de calle en la ciudad supera las 12 mil personas.
El Padre Pedro Cannavó relató su experiencia en el barrio Ricciardelli, resaltando la trayectoria de exclusión y la necesidad de una mayor intervención estatal. Gabriela Torres, de la Defensoría del Pueblo, criticó las políticas públicas piloto y abogó por estrategias universales y escalables, considerando las complejidades que llevan a una persona a vivir en la calle.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire, quien reafirmó que las personas en situación de calle deben ser reconocidas como sujetos de derecho y ser escuchadas en el diseño de políticas públicas. Alertó sobre la necesidad de erradicar la estigmatización y los discursos de odio, y concluyó que los problemas sociales requieren soluciones sociales, no policiales.
Las jornadas dejaron claro que la crisis habitacional y la situación de las personas sin techo en Buenos Aires es una problemática multifacética que requiere un enfoque integral y coordinado. La participación activa de todos los sectores involucrados es esencial para desarrollar políticas públicas que realmente protejan y promuevan los derechos de los más vulnerables, ofreciendo soluciones sostenibles y humanas a largo plazo.
