La Justicia ordenó repartir los alimentos guardados por el Gobierno Nacional
El juez federal Sebastián Casanello ha emitido una orden dirigida al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, solicitando un plan detallado de distribución de los 5 millones de kilos de alimentos almacenados en galpones, así como información sobre su fecha de vencimiento. Esta acción judicial responde a una solicitud de medida cautelar presentada por el dirigente Juan Grabois, basada en una investigación periodística que reveló la retención de alimentos en medio de la crisis de los comedores.
En la orden, el juez requiere al Ministerio de Capital Humano que presente un informe detallado del stock de alimentos almacenados, incluyendo tipo de alimento, fechas de adquisición y expiración, así como registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Además, solicita los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de estos alimentos.
El juez también ordena al Ministerio de Capital Humano que elabore un plan de distribución de los alimentos en un plazo de 72 horas, considerando el tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino de los alimentos, con el objetivo de ejecutarlo de manera inmediata.
El stock de alimentos sin entregar, según información proporcionada por el Gobierno, incluye una variedad de productos como yerba, leche en polvo, aceite y puré de tomates, entre otros.
La denuncia de Grabois amplía acusaciones previas contra la ministra Pettovello por no entregar alimentos a comedores, destacando la gravedad de la situación mientras que los alimentos se encuentran almacenados en galpones.
Además, la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, ha instado al Gobierno a entregar los alimentos retenidos, considerando la emergencia alimentaria que atraviesa el país.
Por otro lado, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, ha proporcionado dos versiones oficiales sobre la retención de los alimentos, mencionando que podrían ser utilizados en caso de contingencia climática y que no fueron entregados debido a investigaciones judiciales sobre comedores sospechosos.
